Zaplana pide a la juez de ‘Erial’ que practique pruebas y diligencias que desmonten la «verdad fabricada»

Eduardo Zaplana, ex presidente de la Comunidad Valenciana y ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el segundo Gobierno de José María Aznar, sigue reivindicando desde hace tres años ante la juez de Valencia la práctica de una serie de pruebas y diligencias que desmonten “la verdad fabricada” sobre su participación en el conocido como caso Erial. Según el abogado del ex político del Partido Popular, Daniel Campos, esas acciones judiciales desacreditarían la acusación judicial contra su defendido.

El letrado de Zaplana, en un recurso presentado ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, el pasado 15 de junio, se queja de la contumacia de la titular del caso y de la Fiscalía Anticorrupción a la hora de desestimar la petición de manera sistemática de las pruebas que podían beneficiar a su cliente.

El abogado Campos manifiesta: “La idea francamente equivocada consiste en la convicción manifestada de que el derecho de defensa sólo puede ejercerse en el juicio oral y el sesgo que ha impregnado todas las actuaciones ha sido establecer un prejuicio inamovible, mediante la elaboración de una historia oficial al inicio de la instrucción, que contamina cualquier aportación o resultado procesal”

El Juzgado de Valencia investiga desde hace casi seis años una serie de presuntos sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano en la causa conocida como Erial, en la que está imputado Eduardo Zaplana por presuntos delitos de blanqueo, malversación y prevaricación.

Zaplana tuvo que soportar un largo encarcelamiento preventivo de diez meses mientras se enfrentaba a un cáncer de médula tras un trasplante. En ese tiempo vio cómo peligraba su vida sin que la juez decretara su libertad. La juez lo justifica con el riesgo de fuga.

Para la defensa de Zaplana, la instrucción sumarial ha realizado “interpretaciones torcidas del material procesal para que se ajusten a la verdad fabricada”.

El letrado Campos ridiculiza a la Fiscalía Anticorrupción cuando le contesta a una de sus acusaciones. Según el Ministerio Público, Zaplana habría tenido acceso a informes de procedimientos de los que no es parte gracias a “la amplia influencia que sigue desplegando”, en referencia a los procedimientos seguidos ante la jurisdicción contencioso-administrativo sobre las ITV’s y el PECV.

Patinazo de Anticorrupción porque el abogado Campos demuestra en su escrito que todo ese fluido informativo del TSJ de la Comunidad Valenciana procede del Centro de Documentación Judicial (Cendoj), el órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial que se encarga de la publicación oficial de la jurisprudencia. “El acceso a sus bases de datos es público, libre y gratuito”, sin necesidad de ningún tipo de influencia, según la defensa de Zaplana.

Unos papeles de dudosa procedencia

En el recurso, Campos también expone como algo insostenible que los papeles que el empresario sirio Imad Al Naddaf encontró, supuestamente, en la vivienda de Eduardo Zaplana y que, posteriormente, entregó a Marcos Benavent -conocido como el yonqui del dinero-, pudieran pertenecer al ex presidente de la Generalitat valenciana. Según el letrado, Zaplana vendió su piso el 18 de diciembre de 2006, antes del cierre de las cuentas de ese año, antes de su aprobación y antes de su inscripción en el registro.

Las cuentas del ejercicio 2006 fueron, finalmente, depositadas en el Registro Mercantil el 12 de febrero de 2008, lo que echa por tierra la versión de la Fiscalía, que no desiste de sus planteamientos.

El empresario sirio, según la investigación judicial, alquiló el ex domicilio de Zaplana a un notario en 2008 -dos años después de la venta- y un año después encontró por azar los documentos que llevaron al ex ministro de Aznar a la cárcel. Lo curioso es que las hojas que el empresario encontró en el lateral de una caja fuerte estaban fechadas en 2011, cinco años después de que Zaplana vendiera la vivienda. ¿Cómo llegaron hasta allí? Esa es una de las preguntas claves que sigue haciéndose el abogado Campos desde el inicio de la instrucción del sumario.

Por tanto, según la defensa, resulta imposible que Zaplana pudiera dejar el documento antes de esa fecha: “Si el documento se introdujo en la vivienda (cosa que en absoluto está garantizada por la cadena de custodia asegurada por el secretario judicial a partir de 2016) tuvo que hacerla otra persona distinta a mi cliente”.

El recurso de Campos destaca que la única intención de Zaplana en la causa es: “Verificar si los hechos de la verdad creada son confirmados mediante la declaración de los funcionarios que intervinieron en los procedimientos administrativos, supuestamente manipulados para conseguir las dádivas, las manifestaciones de los beneficiarios de las cuentas y transferencias que imputan a mi defendido y la declaración de las personas que supuestamente encontraron los documentos que ‘aparecieron’ en la vivienda”.

El letrado insiste, como en otros escritos anteriores, que reclama el testimonio de “los funcionarios y miembros de las mesas de las comisiones de estudio, no cargos de designación política”, a fin de aportar a la investigación una mayor objetividad.

Y se hace la siguiente pregunta: “¿Qué precepto legal, doctrina jurisprudencial o legal permiten al fiscal convertirse en un valladar infranqueable para el ejercicio del derecho de defensa?”. Y concluye que su cliente tiene derecho a conocer el contenido íntegro de la investigación, a aportar cuantos elementos considere necesarios, a proponer la práctica de las diligencias que puedan servir para su descargo y a participar en la práctica de los actos de investigación.

Denegaciones judiciales sistemáticas

Hay que recordar que la causa Erial fue abierta en noviembre de 2015 decretándose el secreto de las actuaciones, que se mantuvo vigente hasta el 8 de febrero de 2019. Con posterioridad, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia volvió a decretar el secreto de una nueva pieza separada, que se mantuvo vigente hasta el 22 de julio de 2020.

Hasta la fecha, la titular del Juzgado ha desestimado de manera sistemática todas las pruebas, diligencias, careos, testimonios y peritajes solicitados por la defensa de Zaplana. La Audiencia Provincial de Valencia ratificó las decisiones de la magistrada. Una de las diligencias claves denegadas era el testimonio de Fernando Belhot. El intermediario uruguayo se autoinculpó desde Montevideo, vía videoconferencia, como supuesto “testaferro” de Zaplana, tras llegar a un pacto con la Fiscalía y el Juzgado. El ex presidente valenciano reclama que declare en la causa y que mantenga un careo con él.

La prueba es imprescindible porque Zaplana pretende demostrar que él nada tiene que ver con la cuenta bancaria de seis millones de euros cuya titularidad le atribuye el abogado Fernando Belhot. La magistrada también rechazó la declaración, entre otros, del ex consejero valenciano Diego Such, acerca de las adjudicaciones de contratos de las ITV y los parques eólicos.

Por todo ello, el abogado Campos culmina su recurso con contundencia: “La presente causa ha cercenado cualquier posibilidad de defensa frente a una versión oficial que se estableció hace más de un lustro sobre la base de unos papeles, la pretendida ‘hoja de ruta’… A Zaplana se le viene presumiendo culpable, convirtiéndose esta instrucción en una mera cobertura formal de una imputación creada y decidida a priori… Se trata de llegar a juicio, que avance la instrucción sin participación de los investigados y procurando no practicar ninguna diligencia para que no se llegue a estropear la historia preconstituida”.